Dentro de las grandes máculas que tienen lugar actualmente en Venezuela y que por seguro quedarán guardadas durante largos años en la vida de la República, conservo especial inquina a esa odiosa tendencia que hace de toda actividad formal un paralelismo oficial de superchería con flamante excusa socialista.
Esta práctica de totalitarismo tercermundista, cuyas aristas alcanzan para librar la inversión millonaria en las temporales y razonablemente ineficaces misiones médicas y educativas, con el respectivo desmedro en la construcción de escuelas y hospitales decentes, tiene una curiosa manifestación que hoy parte de la reforma al Código Orgánico Procesal Penal y que el saltimbanqui diputado Mario Isea da en llamar “Inteligencia Social”.
Ante la probabilidad de que algún teórico bolivarero pretenda atiborrarnos de cualquier parafernalia ideológica que busque relacionar “Inteligencia Social” con “Inteligencia Emocional”, refiriendo por demás el término a “las dinámicas que involucran el desarrollo colectivo del ser humano en armonía con su entorno”, importante resulta el clarificar el contexto de lo expresado por el diputado en una entrevista que escuchásemos por radio la tarde de hoy.
En la costumbre que lleva a muchos de los tragicómicos personajes del oficialismo a denunciar a voz en cuello supuestos planes y conspiraciones para asesinarlos (cual si se perdiese mucho si así sucediese), Mario Isea toma oportunidad de expresar en su entrevista que “gracias a muchos amigos que están bien enterados de todo y que le mantienen siempre informado —la Inteligencia Social—, él pudo descubrir una enrevesada trama que busca su muerte y de la que conoce bien a sus principales autores, contra los que procederá penalmente”. Visto así, pronto se adivina que este zuliano, conocido en los predios faranduleros como “El Inspector Ardilla”, asocia el término de “Inteligencia Social”, con esa parcela populachera de lo que formalmente es conocido como “Servicio de Inteligencia”, que el DRAE define como “organización secreta de un Estado para dirigir y organizar el espionaje y el contraespionaje”. Atrás queda, pues, toda confusión con otros conceptos alambicados y anacrónicos.
Es entonces cuando salta a la vista la utilidad política del término que sirve de título a la presente reflexión, y que viene como anillo al dedo al escenario venezolano, de cuyo gobierno se padecen las persecuciones en derredor por las fantasías de presuntos planes desestabilizadores cuyos orígenes convergen en la manía persecutoria del propio presidente Hugo Chávez. Esto a los ojos de la Revolución justifica que, además de piratear bachilleres, médicos, ministros, policías, periodistas y otros títulos, en nuestro país se piratee la función de espía. En otras palabras, lo mismo que por fuerza de la magia roja pasa un burro a ser profesional en tiempo récord, ahora y por virtud legal, en este lugar extraño los chismosos serán transformados en agentes especiales de investigación.
Quizá en un tiempo no muy lejano podremos ver cómo las putas de calle serán convertidas en “matajaris” criollas, todo por cuenta de la Revolución Socialista Bolivariana.
Esta práctica de totalitarismo tercermundista, cuyas aristas alcanzan para librar la inversión millonaria en las temporales y razonablemente ineficaces misiones médicas y educativas, con el respectivo desmedro en la construcción de escuelas y hospitales decentes, tiene una curiosa manifestación que hoy parte de la reforma al Código Orgánico Procesal Penal y que el saltimbanqui diputado Mario Isea da en llamar “Inteligencia Social”.
Ante la probabilidad de que algún teórico bolivarero pretenda atiborrarnos de cualquier parafernalia ideológica que busque relacionar “Inteligencia Social” con “Inteligencia Emocional”, refiriendo por demás el término a “las dinámicas que involucran el desarrollo colectivo del ser humano en armonía con su entorno”, importante resulta el clarificar el contexto de lo expresado por el diputado en una entrevista que escuchásemos por radio la tarde de hoy.
En la costumbre que lleva a muchos de los tragicómicos personajes del oficialismo a denunciar a voz en cuello supuestos planes y conspiraciones para asesinarlos (cual si se perdiese mucho si así sucediese), Mario Isea toma oportunidad de expresar en su entrevista que “gracias a muchos amigos que están bien enterados de todo y que le mantienen siempre informado —la Inteligencia Social—, él pudo descubrir una enrevesada trama que busca su muerte y de la que conoce bien a sus principales autores, contra los que procederá penalmente”. Visto así, pronto se adivina que este zuliano, conocido en los predios faranduleros como “El Inspector Ardilla”, asocia el término de “Inteligencia Social”, con esa parcela populachera de lo que formalmente es conocido como “Servicio de Inteligencia”, que el DRAE define como “organización secreta de un Estado para dirigir y organizar el espionaje y el contraespionaje”. Atrás queda, pues, toda confusión con otros conceptos alambicados y anacrónicos.
Es entonces cuando salta a la vista la utilidad política del término que sirve de título a la presente reflexión, y que viene como anillo al dedo al escenario venezolano, de cuyo gobierno se padecen las persecuciones en derredor por las fantasías de presuntos planes desestabilizadores cuyos orígenes convergen en la manía persecutoria del propio presidente Hugo Chávez. Esto a los ojos de la Revolución justifica que, además de piratear bachilleres, médicos, ministros, policías, periodistas y otros títulos, en nuestro país se piratee la función de espía. En otras palabras, lo mismo que por fuerza de la magia roja pasa un burro a ser profesional en tiempo récord, ahora y por virtud legal, en este lugar extraño los chismosos serán transformados en agentes especiales de investigación.
Quizá en un tiempo no muy lejano podremos ver cómo las putas de calle serán convertidas en “matajaris” criollas, todo por cuenta de la Revolución Socialista Bolivariana.
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