En Venezuela acostumbra decirse de alguien que “tiene las bolas cuadradas”, cuando tiene muchos bríos respecto de algo, o bien cuando en defensa de una falsedad o alguna cuestión deleznable, demuestra un terco cinismo.
La Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, Dra. Luisa Ortega Díaz, luciendo gala de un fiel apego a la conducta arriba descrita, —no por brío como por descaro—, asombra a propios y extraños con su “humilde propuesta” para la aprobación de una Ley sobre Delitos Mediáticos. Tamaña lambucería sólo se ha visto en aquellos que matan a su madre por un plato de comida.
Resulta posible acomodarle el taco a la actuación de la Fiscal, porque de preciso se entiende que la Dra. Ortega procede por la meretricia complacencia de brindarle al gobierno otra arma legal con la cual perseguir y someter a los que expresen públicamente su descontento con la situación del país, incluyendo a los que objetivamente hagan reseña de la incapacidad del régimen para paliar la multifactorial crisis que vivimos. Bajo figuras abstractas que refieren a “la seguridad de la nación”, a “la seguridad de los ciudadanos”, a los “intereses del pueblo”, y todas esas patrañas de las que se sirven para hacer ver a la Revolución Bolivariana como máxima intérprete de la voluntad popular, la Fiscal pone en manos de la Asamblea Nacional (otro lupanar burlesco), las bases de un cuerpo normativo que permita ponerle los ganchos a cualquiera que exprese en prensa, radio o televisión una verdad incómoda al ojo gobiernero, todo dentro de la mayor discrecionalidad y sin mayor limitante que la que se desprenda de la mente del Presidente de la República.
Pero esto obviamente no configura todo el descaro, ni termina de encuadrarle las gónadas a la Fiscal; lo que llama a absoluta indignación es ver cómo en Venezuela todos los fines de semana hay más asesinatos que en el Medio Oriente, producto de la inseguridad que amenaza con llevarnos a la anarquía, y al mismo tiempo tener que soportar que esta señora se muestre preocupada por la seguridad de la nación frente a unos malamente pensados delitos mediáticos. Pudiera ser que para el enrevesado ideario de la Dra. Ortega representan mayor peligro las palabras de un periodista a las balas asesinas de la delincuencia desatada; pensando en ello pronto recordamos que la impudicia verbal de estos funcionarios alcanza para declarar que la inseguridad en Venezuela no es otra cosa que una “matriz de opinión creada por los medios de comunicación social con fines desestabilizadores”.
Quizá la Fiscal tampoco vea tan grave el hecho de que cientos de venezolanos sufran todas las semanas por la miseria en la que viven, comparado con la circunstancia de que verdaderamente se enteren por los medios de que están padeciendo por la comodidad y el desentendimiento del gobierno nacional, lento para solucionar las necesidades de la población, pero rápido en fulminar a los que se quejen. ¡Porque morir de mengua y quejarse es contrarrevolucionario! ¡Sí señor!
De momento se espera la sanción de la Ley sobre Delitos Mediáticos para opinar pormenorizadamente sobre los descalabros de este nuevo “instrumento de represión”, como un mero ejercicio de abogadil entretenimiento durante las vacaciones judiciales. Desde ya se asume que con la publicación de la criatura en Gaceta Oficial comenzará el desfile de recursos por los ante los tribunales del foro e instancias internacionales, en lo que será otro intento estéril de que en la República impere una voluntad distinta de la que impone Hugo Chávez.
La Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, Dra. Luisa Ortega Díaz, luciendo gala de un fiel apego a la conducta arriba descrita, —no por brío como por descaro—, asombra a propios y extraños con su “humilde propuesta” para la aprobación de una Ley sobre Delitos Mediáticos. Tamaña lambucería sólo se ha visto en aquellos que matan a su madre por un plato de comida.
Resulta posible acomodarle el taco a la actuación de la Fiscal, porque de preciso se entiende que la Dra. Ortega procede por la meretricia complacencia de brindarle al gobierno otra arma legal con la cual perseguir y someter a los que expresen públicamente su descontento con la situación del país, incluyendo a los que objetivamente hagan reseña de la incapacidad del régimen para paliar la multifactorial crisis que vivimos. Bajo figuras abstractas que refieren a “la seguridad de la nación”, a “la seguridad de los ciudadanos”, a los “intereses del pueblo”, y todas esas patrañas de las que se sirven para hacer ver a la Revolución Bolivariana como máxima intérprete de la voluntad popular, la Fiscal pone en manos de la Asamblea Nacional (otro lupanar burlesco), las bases de un cuerpo normativo que permita ponerle los ganchos a cualquiera que exprese en prensa, radio o televisión una verdad incómoda al ojo gobiernero, todo dentro de la mayor discrecionalidad y sin mayor limitante que la que se desprenda de la mente del Presidente de la República.
Pero esto obviamente no configura todo el descaro, ni termina de encuadrarle las gónadas a la Fiscal; lo que llama a absoluta indignación es ver cómo en Venezuela todos los fines de semana hay más asesinatos que en el Medio Oriente, producto de la inseguridad que amenaza con llevarnos a la anarquía, y al mismo tiempo tener que soportar que esta señora se muestre preocupada por la seguridad de la nación frente a unos malamente pensados delitos mediáticos. Pudiera ser que para el enrevesado ideario de la Dra. Ortega representan mayor peligro las palabras de un periodista a las balas asesinas de la delincuencia desatada; pensando en ello pronto recordamos que la impudicia verbal de estos funcionarios alcanza para declarar que la inseguridad en Venezuela no es otra cosa que una “matriz de opinión creada por los medios de comunicación social con fines desestabilizadores”.
Quizá la Fiscal tampoco vea tan grave el hecho de que cientos de venezolanos sufran todas las semanas por la miseria en la que viven, comparado con la circunstancia de que verdaderamente se enteren por los medios de que están padeciendo por la comodidad y el desentendimiento del gobierno nacional, lento para solucionar las necesidades de la población, pero rápido en fulminar a los que se quejen. ¡Porque morir de mengua y quejarse es contrarrevolucionario! ¡Sí señor!
De momento se espera la sanción de la Ley sobre Delitos Mediáticos para opinar pormenorizadamente sobre los descalabros de este nuevo “instrumento de represión”, como un mero ejercicio de abogadil entretenimiento durante las vacaciones judiciales. Desde ya se asume que con la publicación de la criatura en Gaceta Oficial comenzará el desfile de recursos por los ante los tribunales del foro e instancias internacionales, en lo que será otro intento estéril de que en la República impere una voluntad distinta de la que impone Hugo Chávez.



