En su programa dominical del pasado 10 de enero, con ocasión de cumplirse la mitad de su período constitucional como Presidente de la República, Hugo Chávez despliega otro de sus acostumbrados arranques chanceros con el siguiente desafío a la militancia de oposición: “Reto a la oposición a que vayan por el referéndum revocatorio, pues, ¡los reto!” [1].
Con el fracaso a cuestas de la anterior consulta sobre la revocatoria del mandato presidencial en 2004, el movimiento opositor al gobierno de Chávez guarda un silencio más que prudente sobre esta afrenta, por diversos motivos que se comentarán de seguidas.
En primer lugar habrá de apuntarse que 2010 representa para la oposición venezolana una oportunidad de avance político por la esperanza de recibir por los votos algunos escaños en la Asamblea Nacional, cuerpo legislativo conformado hoy casi en su totalidad por diputados maulas, fieles por entero a los caprichos presidenciales [2]. Por esa particularidad resultará evidente que para la dirigencia opositora la opción de abrir una campaña por la revocatoria del presidente reportaría una pérdida de tiempo, dinero y esfuerzo inútil que podría costar su derrota en todos los espacios.
Por otra parte destaca a la habilidad del oficialismo para blindarse legalmente en los procesos electorales. Actualmente el gobierno, fruto de su dominio sobre el Consejo Nacional Electoral, desarrolla cambios en los circuitos de electores para acomodar un escenario favorable a sus candidatos frente a las parlamentarias. Estos ajustes, que convenientemente han sido opacados por el escándalo de otros destrozos a nivel general, forman parte de una serie de triquiñuelas que representan la partida con desventaja para la oposición en la competencia por las diputaciones, algo que le conduce a descartar de plano la sola mención de un proceso refrendario.
Gracias a las condiciones técnico-legales hechas a su medida, Chávez en su campaña por la reelección de 2006 logró la cantidad asombrosa de siete millones de votos [3]. Con esos resultados y las interpretaciones sobre referendo basadas en la letra de la Constitución se cerraría el círculo a su favor, más si se destaca que sólo podría revocarse el mandato del presidente con una masa de votos igual o superior a la obtenida por éste en el proceso por el cual fue electo al cargo. Vendría siendo indiscutible la irrevocabilidad del cargo presidencial una vez que a ello se le suma la circunstancia de que la oposición no ha alcanzado tal cantidad de votos en ningún proceso electoral, ni siquiera en aquellos en los que ha salido victoriosa [4].
Para los líderes de oposición se hace muy duro aceptar esta realidad y por tanto su determinación más razonable es callarla con presteza. Tendrían que partir de explicar que en 2006 el presidente Chávez ganó por los votos e infló las cantidades con trampa para hacerse de un barniz de legitimidad. De modo más difícil tendrían que revelar que, aún conscientes de la realización de este fraude, no tuvieron el interés ni la capacidad para probarlo, lo mismo que no lograron mover un ápice para la anulación de las elecciones parlamentarias de 2005. Finalmente, la dirigencia de oposición tendría que aceptar con sobrada pena que ha estado ocupándose de repartirse las cuotas de poder mucho antes de presentar soluciones efectivas a la crisis política y, mucho peor, antes de conformar una alternativa que motive a la población a votar.
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[1] El referendo o referéndum revocatorio es una forma de participación ciudadana contemplada en el artículo 72 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Cumplida la mitad del período atinente al ejercicio de un cargo o magistratura de elección popular por parte de algún funcionario, surge la posibilidad de que por la solicitud de un porcentaje de electores se dé apertura a un proceso consultivo en el que se decida sobre la continuidad de sus funciones.
[2] En las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional de 2005, todos los movimientos de oposición retiraron sus candidatos de la contienda como medida de protesta frente a los entes rectores del Poder Electoral, para el momento presuntamente obedientes al chavismo. Las elecciones se celebraron con la única participación de las toldas oficialistas y los diputados asumieron sus cargos habiendo sido electos en un proceso con una abstención estimada en el 85%. Hasta el día de hoy, el Consejo Nacional Electoral no ha hecho públicos los resultados de la elección, sin protestas de ninguna de las partes.
[3] La elección al cargo de Presidente de la República de 2006 se llevó a cabo con unos niveles de abstención inferiores al 25% de la totalidad de inscritos en los cuadernos de votación. Una intención de voto de tal magnitud no se registraba en el país desde la elección presidencial de 1988.
[4] En el proceso refrendario sobre la Reforma Constitucional (propuesta por el Presidente y ampliada por la Asamblea Nacional), la oposición logró consolidar un aproximado de cuatro millones y medio de votos.
Con el fracaso a cuestas de la anterior consulta sobre la revocatoria del mandato presidencial en 2004, el movimiento opositor al gobierno de Chávez guarda un silencio más que prudente sobre esta afrenta, por diversos motivos que se comentarán de seguidas.
En primer lugar habrá de apuntarse que 2010 representa para la oposición venezolana una oportunidad de avance político por la esperanza de recibir por los votos algunos escaños en la Asamblea Nacional, cuerpo legislativo conformado hoy casi en su totalidad por diputados maulas, fieles por entero a los caprichos presidenciales [2]. Por esa particularidad resultará evidente que para la dirigencia opositora la opción de abrir una campaña por la revocatoria del presidente reportaría una pérdida de tiempo, dinero y esfuerzo inútil que podría costar su derrota en todos los espacios.
Por otra parte destaca a la habilidad del oficialismo para blindarse legalmente en los procesos electorales. Actualmente el gobierno, fruto de su dominio sobre el Consejo Nacional Electoral, desarrolla cambios en los circuitos de electores para acomodar un escenario favorable a sus candidatos frente a las parlamentarias. Estos ajustes, que convenientemente han sido opacados por el escándalo de otros destrozos a nivel general, forman parte de una serie de triquiñuelas que representan la partida con desventaja para la oposición en la competencia por las diputaciones, algo que le conduce a descartar de plano la sola mención de un proceso refrendario.
Gracias a las condiciones técnico-legales hechas a su medida, Chávez en su campaña por la reelección de 2006 logró la cantidad asombrosa de siete millones de votos [3]. Con esos resultados y las interpretaciones sobre referendo basadas en la letra de la Constitución se cerraría el círculo a su favor, más si se destaca que sólo podría revocarse el mandato del presidente con una masa de votos igual o superior a la obtenida por éste en el proceso por el cual fue electo al cargo. Vendría siendo indiscutible la irrevocabilidad del cargo presidencial una vez que a ello se le suma la circunstancia de que la oposición no ha alcanzado tal cantidad de votos en ningún proceso electoral, ni siquiera en aquellos en los que ha salido victoriosa [4].
Para los líderes de oposición se hace muy duro aceptar esta realidad y por tanto su determinación más razonable es callarla con presteza. Tendrían que partir de explicar que en 2006 el presidente Chávez ganó por los votos e infló las cantidades con trampa para hacerse de un barniz de legitimidad. De modo más difícil tendrían que revelar que, aún conscientes de la realización de este fraude, no tuvieron el interés ni la capacidad para probarlo, lo mismo que no lograron mover un ápice para la anulación de las elecciones parlamentarias de 2005. Finalmente, la dirigencia de oposición tendría que aceptar con sobrada pena que ha estado ocupándose de repartirse las cuotas de poder mucho antes de presentar soluciones efectivas a la crisis política y, mucho peor, antes de conformar una alternativa que motive a la población a votar.
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[1] El referendo o referéndum revocatorio es una forma de participación ciudadana contemplada en el artículo 72 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Cumplida la mitad del período atinente al ejercicio de un cargo o magistratura de elección popular por parte de algún funcionario, surge la posibilidad de que por la solicitud de un porcentaje de electores se dé apertura a un proceso consultivo en el que se decida sobre la continuidad de sus funciones.
[2] En las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional de 2005, todos los movimientos de oposición retiraron sus candidatos de la contienda como medida de protesta frente a los entes rectores del Poder Electoral, para el momento presuntamente obedientes al chavismo. Las elecciones se celebraron con la única participación de las toldas oficialistas y los diputados asumieron sus cargos habiendo sido electos en un proceso con una abstención estimada en el 85%. Hasta el día de hoy, el Consejo Nacional Electoral no ha hecho públicos los resultados de la elección, sin protestas de ninguna de las partes.
[3] La elección al cargo de Presidente de la República de 2006 se llevó a cabo con unos niveles de abstención inferiores al 25% de la totalidad de inscritos en los cuadernos de votación. Una intención de voto de tal magnitud no se registraba en el país desde la elección presidencial de 1988.
[4] En el proceso refrendario sobre la Reforma Constitucional (propuesta por el Presidente y ampliada por la Asamblea Nacional), la oposición logró consolidar un aproximado de cuatro millones y medio de votos.



