El pueblo y la delincuencia

Las cifras actuales sobre la delincuencia en Venezuela, a pesar de ser ampliamente difundidas y comentadas por líderes y periodistas, continúan en franco aumento. El que la capital del país haya pasado a estar hoy entre las ciudades más violentas del mundo, —con ciento veintisiete homicidios anuales por cada cien mil habitantes—, asombra, pero no llega a estimular cambios significativos. Les estaríamos atribuyendo demasiada voluntad de solución si dijésemos que los representantes del gobierno sólo se cruzan de brazos ante la crisis; para todos ellos, sencillamente no existe tal cosa [1].

Si se observa la creciente ola de hechos delictivos de años recientes, la realidad resulta casi anárquica: las tipologías criminales se han distribuido por estratos socioeconómicos, subsistiendo las formas típicas en los niveles bajos y apareciendo otras nuevas en los altos [2]. La intervención de la autoridad, aunque exigida en muchos casos, no constituye la primera opción de las víctimas para la solución de una situación irregular; la participación de funcionarios policiales en la comisión de delitos y la escasa presteza de la Administración Pública para aplicar las sanciones correspondientes, logran que los ciudadanos se muestren cada vez menos confiados de la honestidad y capacidad de los cuerpos de seguridad, estimulando la búsqueda de justicia por medios propios [3]. Por otra parte, delitos como el robo y el hurto llegan a ser denunciados con muy poca frecuencia, dado que los cuerpos policiales y de investigación deben agotar esfuerzos en resolver los casos de mayor urgencia e importancia.

Lidiar con la delincuencia ha pasado a ser algo cotidiano y muy natural, por lo que cada cual asume individualmente la responsabilidad de haber sido víctima, de la misma manera en que pudiera culparse al que tropieza por no haberse fijado en el camino.

Está visto que, independientemente de su complejidad y número, los problemas no afectan tanto el crecimiento de una nación como la actitud de los ciudadanos frente a éstos. Para los sectores marginales, detenerse a pensar en el tema de los asesinatos es un ejercicio de números que resulta demasiado fastidioso: quien vive en un barrio y tiene la costumbre de ir a la cama tras el ruido de disparos, no encuentra una diferencia digna de mención entre los veinte asesinatos semanales que recuerda de hace unos años y la cincuentena de hoy. Los de arriba permanecen de cierto modo impasibles al fondo de la cuestión criminal y es normal que se consuelen pensando en que los indeseables se matan entre ellos, una visión que estimula a una autoridad irresponsable para calificar la mayoría de los hechos de sangre como ajustes de cuentas entre delincuentes, o lo que sería lo mismo decir, un acto de justicia informal que complace al público y aleja a los funcionarios del señalamiento por incompetencia.

Diversos estudios de empresas encuestadoras evidencian un alto porcentaje (alrededor de 90%, según Datanálisis) de personas descontentas con la forma en la que el gobierno ha venido tratando —o mejor dicho, ignorando—, el tema de la inseguridad; paradójicamente, las encuestas también revelan que los niveles de popularidad de Hugo Chávez se sostienen en rangos importantes pese a estos detalles. Si bien en algunos estratos la culpa por la crisis se atribuye personalmente al primer mandatario, la queja no es capitalizada por las fuerzas de oposición.

La reacción de los ciudadanos ante la sucesión diaria de asesinatos y demás crímenes atroces pudiera apuntar que gobierno no ejerce el control formal de la República, pero aprovecha esta situación para mantener al pueblo en un estado de incertidumbre que conviene mucho a sus fines. Los intelectuales ven este fenómeno con desconcierto y sin involucrar más allá de la prudente opinión; al resto poco le importa, ya por desconocimiento o por franca apatía.

Para entender un poco la realidad sobre la inseguridad en Venezuela, debe considerarse a la delincuencia como un problema integral que hoy se ve agravado por la incapacidad de un régimen que centra su atención en el desarrollo de una agenda populista y de perpetuidad en el poder. La pauta de ese proyecto tiene su fuerte en la popularidad que conserva en las áreas marginales, cuyos representantes típicos se han levantado en la mentira de no ser dueños de nada y merecer todo del Estado, por lo que hoy encuentran la sublimación de su existencia en recibir miserias del gobierno y las promesas demagógicas de un mejor futuro.

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[1] En 2007, el gobierno venezolano alcanzó a oficializar su posición sobre la crisis de inseguridad en el país: “En Venezuela se vive una sensación de inseguridad, que es alimentada por los medios privados de comunicación que se oponen a la Revolución Bolivariana”.

[2] Entre estos tipos delictuales novedosos, podría citarse el Secuestro Exprés (V).

[3] Véase Linchamiento. Cobro de Vacunas.