Bajo la égida ideológica

Mucho se ha escrito sobre la delincuencia en Venezuela. Diariamente se ofrecen artículos, declaraciones y análisis en los medios de comunicación social, que tienen por fin cándido describir el drama que vive el país y las posibles soluciones a la ola de violencia criminal. La mayoría de las propuestas se vuelca sobre atacar las consecuencias de la criminalidad antes que la raíz de este problema, justamente porque esta raíz es compleja y requiere de soluciones para las cuales hace falta un esfuerzo integral y políticamente desinteresado. Así, los comentarios pasan y Caracas sigue siendo una de las capitales más violentas del mundo, seguida por otras ciudades importantes donde los delitos de extrema crueldad están a la orden del día.

Si bien el sistema socioeconómico influye de alguna manera en la continuación de un clima de violencia, no es menos cierto que la delincuencia encontraba ya picos importantes dentro de la bonanza petrolera que prometió convertirnos en un país desarrollado a mitad del siglo XX. Afirmar, por otra parte, que la delincuencia es una realidad propia de sectores económicos depauperados, es ver el problema desde una perspectiva limitada.

En las selvas de concreto en las que se han convertido las principales ciudades del país, desde la infancia se enseña a muchos jóvenes al empleo de la violencia como una forma válida de lidiar con sus frustraciones. El delincuente de hoy parece sentirse igualmente complacido con la idea de quitar la vida y con la idea de apropiarse de lo ajeno. Por su parte, el ciudadano común manifiesta un desvergonzado desprecio por las figuras de autoridad, que históricamente han servido de instrumento de represión de gobiernos despóticos y que en el presente conforman por sí mismos una especie de delincuencia organizada.

Lo visto lleva a considerar que en Venezuela la violencia se legitima por razones culturales y se estimula por razones de Estado. Un sistema judicial francamente corrupto (cuando no incapaz) cuyas sanciones son difícilmente llevadas a efecto, logra que tanto culpables como inocentes colmen las cárceles de manera desordenada; una infeliz circunstancia frente a la cual los órganos ideológicos de la República hacen su aporte: El delincuente es víctima de la sociedad capitalista y de consumo.

Conforme el ideario de la izquierda utópica moderna (que ve manifestaciones anticapitalistas en cualquier expresión de descontento), el delincuente actúa en respuesta a la necesidad de obtener bienes para ser aceptado en un sistema en el que cada persona vale por lo que tiene. De esta manera se justifica la delincuencia como un gesto de inconformidad del pueblo oprimido ante un sistema injusto de eternos ganadores y perdedores. Para el marxismo trasnochado, la delincuencia es el mayor exponente de la desigualdad social.

Nos hemos tomado la libertad de hacer el comentario sobre el tema ideológico, porque en nuestra opinión ello viene a ser base de un delicado giro en la conducta delictiva de años recientes. Convencido de ser víctima de una sociedad que lo desprecia (y con razón), el delincuente se encuentra en la necesidad de responder con mayor violencia a lo que considera un ataque del sistema. Una expresión de lo dicho puede apreciarse en el deber que se impone entre los delincuentes de emprender acciones ejemplarizantes en aquellos casos en los que hallan resistencia, a fin de asegurar la permanencia en la sociedad de un estado de temor que obligue a todos y cada uno de los ciudadanos a pensarlo dos veces antes de desafiar la autoridad de un arma de fuego (la única autoridad real en un ambiente de antagonismo social, dirían los anarquistas).

Sin embargo, el temor no es un factor que se encuentre distribuido uniformemente si la sociedad en la que pretende aplicarse va al borde del caos. En aquellos lugares en los que la violencia se ha asumido como valor universal, las escenas de linchamientos se tornan cada vez más frecuentes, conjuntamente con los conocidos enfrentamientos entre bandas y ajustes de cuentas.

Los ajustes de cuentas, presentados por la oficialidad mediática como actos de justicia delictiva (ya que los criminales parecen manejar su propio criterio en cuanto a lo justo y lo injusto), tienen existencia por la popularización del crimen y la indolencia de los cuerpos policiales frente a este último fenómeno. Familias enteras participan como células de la delincuencia organizada en diversos sectores, movidos no tanto por hambre como por ambición, ya colaborando en la venta y distribución de estupefacientes, como sirviendo de aguantadores de bienes robados. Cuando alguna de estas células falla, se le elimina.

Para muchos de los que están habituados a ver la buhonería como un modo legítimo de procurarse subsistencia (un ejemplo típico de que la mala costumbre se hace Ley), sacar provecho de actos delictivos sin tener que participar directamente de ellos, supone un negocio lucrativo de aparente bajo riesgo, dentro del cual sólo se deben rendir cuentas a los delincuentes, porque en general las autoridades se desentienden del asunto (cuando no forman parte de él). Para la opinión de aquellos a quienes llegan las noticias de estos ajustes, la mayoría de las víctimas muere en su ley.

El tradicional celestinaje del Estado venezolano sobre la cuestión criminal, gracias al cual nuestra sociedad ha tomado a la violencia como una vicisitud más de la vida cotidiana (y en algunos casos, como una necesidad para asegurar la sobrevivencia), permite apuntar la sucesión de altos índices de criminalidad por largo tiempo, una circunstancia que se ve seriamente agravada por la concepción ideológica del nuevo Estado sobre el origen del mal.

Así, los nuevos postulados sobre la violencia parecen decirnos que, si la sociedad capitalista es generadora de odios y desigualdades,  es lógico y deseable que todos los que participan en ella se destruyan mutuamente.

¿Reconstruirán el país desde las cenizas? Puede que esa sea la intención.