Artículos Inéditos - III - Despidos injustificados y estabilidad absoluta

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[El siguiente es el tercer artículo de una serie inédita que redactase el autor en el período comprendido entre abril y junio de dos mil nueve].

III
Despidos injustificados y estabilidad absoluta

Redactado el domingo siete de junio de dos mil nueve.

En pesquisa reciente sobre las nuevas tendencias en el accidentado ordenamiento jurídico venezolano en materia laboral, hubimos de toparnos con una entrevista que en principios de año se hiciera al diputado a la Asamblea Nacional Oswaldo Vera sobre los adelantos legislativos en el proyecto de reforma a la vigente Ley Orgánica del Trabajo. En la entrevista, el parlamentario blandió como principal baluarte del proyecto la revolucionaria concepción de “estabilidad absoluta” con una correlativa “prohibición de despido justificado”, disposiciones que según su verbo serían “consultadas con todos los sectores”, para el pasado mes de mayo.

Estos detalles, algunas veces con parcial y casi total desconocimiento, se comentan tímidamente entre los estudiosos y acostumbran tomar por sorpresa a los colegas que dejan su actualización para algún cursillo o caso importante, concretando la conveniencia que reporta al Poder el desconocimiento de los cambios futuros en el país para que su efectivación resulte menos dificultosa, lo que conduce a pensar como cosa muy esperable que la “consulta” prometida en la entrevista con el diputado nunca se lleve a cabo. Y esto es tan cierto como que ya estamos en junio y las preocupaciones se concentran en otros temas.

Bien sabido por todos es que los cambios legislativos actuales tienen su origen en la intención socialistísima de arruinar el capital privado de la nación, todo dentro de una tendencia sistemática a las confiscaciones, amenazas y ataques que, con el valor agregado de espantar la inversión de capital extranjero, configura una especie de plan general de aislamiento de la República, que limita nuestras relaciones a negocios turbios con países de reputación dudosa dentro de un simple “doy para que des”, que terminamos pagando todos los venezolanos con miserias y calamidades.

Volviéndonos sobre el tema central, nos surge la pregunta: ¿cómo debemos entender ese delirio de “estabilidad absoluta”? Para Vera, un hombre del que presumimos no acompaña la virtud en eso de la interpretación de las leyes, la situación transcurre de la siguiente manera: “la Ley Orgánica del Trabajo permite el despido, dando una cuantificación o pago adicional de acuerdo a unos artículos. En ese sentido (…) en la legislación venezolana existe una estabilidad relativa”.

La enrevesada visión del diputado tiene su base en el derecho del empleador a persistir en el despido del trabajador, contenido en el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo cuando dispone:

“Artículo 125.- Si el patrono persiste en su propósito de despedir al trabajador, deberá pagarle adicionalmente a lo contemplado en el artículo 108 de esta Ley, además de los salarios que hubiere dejado de percibir durante el procedimiento, una indemnización equivalente a: (…)”.

Igualmente necesario será recurrir al contenido del artículo 112 de la ley en comentario, a los fines de clarificar un poco el ideario legislativo del diputado reformista, que de su primera opinión desprende la brillante ocurrencia de una “prohibición del despido justificado”; la estabilidad relativa de la que se desdeña y que urge evolucionar en absoluta, se contempla actualmente en el dispositivo indicado de la siguiente manera:

“Artículo 112.- Los trabajadores permanentes que no sean de dirección y que tengan más de tres (3) meses al servicio de un patrono, no podrán ser despedidos sin justa causa (…)”.

Lo que Vera desconoce —o finge desconocer— es que el derecho del empleador a persistir en el despido viene dado como elemento de equilibrio frente a la estabilidad del trabajador que, sólo mediante justa indemnización podría verse disminuida, muy acorde con la visión de balance que permite que el Principio de Irrenunciabilidad de los derechos del Trabajador se flexibilice ante la figura de la Transacción. Sobre este sistema de pesos y contrapesos, la mejor ilustración la tiene el jurista Mervy González Fuenmayor, del cual haremos paráfrasis al afirmar que las relaciones laborales de cada país pueden representarse con una moneda: la cara podría ser la parte trabajadora, el escudo la parte patronal y el canto, ese que separa y a la vez mantiene unidos ambos lados, lo representa el Estado, que regula e interviene en la interacción de patronos y empleadores. Lo mismo que una moneda perdería su valor al dañársele alguna de sus partes, las relaciones laborales perderían su esencia si alguno de los factores intervinientes dejare de existir o es llevado a su mínima expresión. Tristemente al gobierno aún le cuesta aceptar que la parte patronal no es mala o avariciosa per se, lo mismo que reconocer que entre los trabajadores no existen únicamente monjas y sirenas. Sin empresas no hay trabajo y sin trabajadores no hay producción; sin Estado que intervenga surgirán abusos de ambas partes.

Posterior a esta breve lección, imaginemos ahora una redacción exactamente igual a la del artículo 112 de la Ley Orgánica del Trabajo ya citado, que no contenga la frase “sin justa causa”. La exigencia que encierra una norma como la resultante de la extracción descrita, no puede producir menos que desconcierto; algo que en definitiva extremará la cautela del empresario para el tiempo de contratar nuevo personal, a tal punto que hasta se adivina este cambio legislativo como un gran generador de pánico y desempleo; eso a menos que dentro de la reforma también se obligue a los empleadores a la contratación directa de personal, sin importar necesidades ni conveniencias.

La esperanza queda en que al menos permanezcan en el texto las distinciones relativas al personal de confianza, personal de dirección, personal permanente y otras modalidades de prestación de servicios*. Figurémonos por un momento la magnitud que tendría, no solamente sobre la economía, sino directamente sobre nuestras vidas, si nos viésemos en la imposibilidad de despedir a un trabajador de confianza o a un trabajador doméstico; lo mismo sería dormir con el enemigo. Pero, a la manera en que hemos reiterado siempre, para toda vuelta legislativa existe un retorno por la verde pradera. Si el legislador reformista se hace timorato ante su propia criatura, seguramente dejará una salida por la cual burlar el descalabro de la estabilidad absoluta, a la que el propio Estado, primer empleador de Venezuela, debería guardar un temor razonable.

* Quienes gustamos de navegar por las lagunas de la Ley sabemos bien que, sin importar su calificación, en la práctica todos los trabajadores gozan de estabilidad. Para mayor información consúltese a GONZÁLEZ FUENMAYOR, Mervy Enrique, en su obra La Irrenunciabilidad, la transacción y otros temas laborales. (Caracas, Vadell Hermanos Editores 2003). Del Doctor González, quien una vez fuere calificado de hereje por sus pares con motivo de sus opiniones sobre la estabilidad laboral, se demuestra hoy que ha sido un jurista adelantado a su época.

Artículos Inéditos - II - Ojalá y vinieran...

[El siguiente es el segundo artículo de una serie inédita que redactase el autor en el período comprendido entre abril y junio de dos mil nueve].

II
Ojalá y vinieran…

Redactado el sábado treinta de mayo de dos mil nueve.

En su edición del viernes 29 de mayo de 2009, el diario La Verdad encabeza su primera página con el escándalo de que “Van a tomar por asalto la Gobernación”, frase atribuida a algunos miembros del Consejo Legislativo del Estado Zulia, como referencia a un supuesto plan de sabotaje y conspiración preparado desde el gobierno central en contra de la primera autoridad zuliana. Mientras leía el contenido de esta noticia en la incómoda oficina que ocupo en la administración pública municipal, pensaba: “ojalá y fuera cierto… ojalá y vinieran”.

En la reseña interna, varios diputados regionales toman como base de una seria denuncia de lo que pudiera ser una especie de Golpe Regional de Estado, las amenazas infantiles que en días pasados hiciera el pequeño alcalde del Municipio San Francisco, Omar Prieto, de desconocer al gobernador Pablo Pérez y apoderarse del gobierno regional con el respaldo de la Guardia Nacional y los demás alcaldes revolucionarios. Ante este ultimátum, los nobles diputados decidieron aparecer frente a las cámaras con recortes de periódico en mano y la promesa puesta en iniciar una investigación al respecto, actos sucedidos por múltiples imprecaciones que con similar puerilidad a la manifestada de inicio, destinaron los legisladores al alebrestado conspirador.

Cierto es que, por mayor maleante que pudiera ser, a Omar Prieto le bastan sus accidentados estudios profesionales para conservar la sensatez de evitar pasar tan pronto de las palabras a los hechos en este particular, prefiriendo quedarse en el show y la habladuría que le han caracterizado siempre, muy a sabiendas de que el movimiento opositor atraviesa una profunda crisis devenida de la ausencia del prematuramente olvidado líder Manuel Rosales. Quienes se atormentan por este chisme de viejas, pasan por alto la costumbre de la vigente tiranía a barnizar previamente cada descalabro con una fina capa de legalidad, lo que para el caso que nos ocupa aún no existe, pero seguramente pronto se dará.

En mi deseo vehemente de ver nuestros muros rodeados de las huestes chavecistas, como contemplación de una realidad distinta de la sosa existencia que me rodea, viene rápidamente a mi memoria aquel chiste que fue en su momento la ocupación del puerto y el aeropuerto de la ciudad por parte del siempre inquieto e inmaduro Omar que, a guisa de conquistador persa, a cada espacio tomado en nombre del régimen coloca en grandes letras: “territorio liberado”. En aquella oportunidad y justo antes del desastre el Gobernador Pablo Pérez le espetó al gobierno nacional que lucharía en todos los terrenos por defender al Zulia. Posterior a este reto, Hugo Chávez sólo vino, vio y venció. Y hoy, en esta tierra en la que nadie se preocupa más que por sus propias cosas, ya empezamos a acostumbrarnos a ver los letreros rojos en varias partes sin la mayor muestra de afectación.

Con la seguridad puesta en afirmar que este episodio no excederá su condición de espectáculo circense —al menos hasta que la caprichosa voluntad presidencial ordene pasar a la acción—, queda de nos hacer cordial exhortación al alcalde del sur a que, para variar un poco las cosas, se tome el tiempo de hacernos una visita en los días próximos.

Si me lees, Omar, créeme, ¡cuánto desearía que fuese cierto!, ¡cuánto desearía que vinieses a rescatarnos a todos de nuestra letárgica crisis de conformismo!, a tomar estos trastes y dejarnos a todos sin empleo para que, viéndonos de este modo sin el quince y último que le quitamos a la Nación por sentarnos detrás de un escritorio a no hacer nada mientras todo a nuestro alrededor se cae a pedazos, reaccionemos y salgamos a protestar, siquiera movidos por egoísmo antes que por elevado sentimiento, pero finalmente arrechos y decididos.

Cuando todo esté listo, deberías animarte a venir, Omar; si por casualidad vienes y te tengo a mi alcance, yo prometo lanzarte un pedrejón con el mayor cariño del mundo. (No me tomes tan en serio, que a mí, al igual que tú, me gusta hablar pendejadas de vez en cuando).

Artículos Inéditos - I - Sobre la Ley de Contrataciones Públicas

[El siguiente es el primer artículo de una serie inédita que redactase el autor en el período comprendido entre abril y junio de dos mil nueve].

I
Sobre la Ley de Contrataciones Públicas

Redactado el miércoles quince de abril de dos mil nueve.

Existe un viejo principio de la dinámica jurídico-administrativa que plantea que el exceso de rigidez en la norma conduce a su ineficacia.

Viene a evocación el principio anterior, con ocasión de haber sido voluntariamente asignado por el ente en el que desarrollo algunas de mis habituales funciones, a un curso de actualización sobre la reciente Ley de Contrataciones Públicas, dictado en un horario bastante incómodo por un profesor bien versado en el área y con tal experiencia que conduce a pensar que ha hecho de esta ley su propio fetiche. Lidiando con estas particularidades, y siendo lo suficientemente masoquista como para haber asistido por cuatro días a estas clases, pude toparme con otra de las risibles facetas de los legisladores del actual gobierno.

La Ley de Contrataciones Públicas se erige hoy entre los gentiles como el máximo baluarte jurídico que significa la superación de las corruptelas de antaño que, bajo amparo de la derogada Ley de Licitaciones, tenían lugar dentro de la Administración de la Cuarta República (¡Ja!). Para los de ojo infiel nos luce más como otro pequeño instrumento que enrarece con requisitos innecesarios y procedimientos enrevesados el normal funcionamiento de cualquier ente administrativo de carácter público que requiera adquirir algún bien, contratar algún servicio o ejecutar alguna obra.

Aunque resulte comprensible la necesidad —máxime en un país como el nuestro— de que existan algunas trabas que impidan el empleo de los usuales artificios para el enriquecimiento ilícito, lo mismo que permitan el control sobre cada proceso para el desarrollo honesto de las funciones de cada administración, un exceso en las limitaciones no hace más que poner a volar la criollísima inventiva de los funcionarios venezolanos para saltarse los cercos legales. Curiosamente en Venezuela sucede que, si los cercos van muy altos, se construye un túnel para pasar por debajo.

Para citar un ejemplo entre los múltiples saltos, vueltas y túneles, basta referir el clásico del proceso de construcción de viviendas: el tiempo que se va entre las veleidades funcionariales para la obtención de los correspondientes permisos es tal, que lo común radica en construir primero y dejar para luego las tramitaciones burocráticas. Alegremente sucede de igual manera en los entes públicos frente a la necedad legislativa bajo examen: se contrata primero y los expedientes se arman después.

Incluso para la cobertura de cuestiones tan simples como la papelería y demás material de oficina, conforme a las disposiciones de la precitada ley se requiere armar un proceso tedioso, ajustado a alguna de las modalidades de contratación, que entre miles de palabras y tiempo perdido resuma un 1. “Yo necesito esto”; 2. “Tú lo ofreces mejor que los demás”; y 3. “Yo te contrato”. El referido proceso, como resultare evidente, deberá quedar cuidadosamente asentado en un expediente administrativo que por lo general contiene una cantidad de papel suficiente para desertificar la selva amazónica en un par de días.

Dentro de la empresa privada armar un proceso burocrático como el descrito, con un personal eficiente y con la urgencia dineraria por incentivo, tomaría apenas unas jornadas de trabajo; pero si se está en la Administración Pública, donde la ineficiencia y el retardo determinan la normalidad, articular algo medianamente similar podría tomar siglos. En ese sentido y para que la gestión pública cumpla satisfactoriamente con las demandas del pueblo [mesmo], los criollos estiman como ideal la preparación en última instancia —y pongo a Dios por testigo de que no los critico en este caso—, de todo lo concerniente a los procesos de contratación, o lo que es igual “empezar por el final y terminar por el principio”.

Pero para bien de la Revolución, estas “inelegancias” al momento de contratar sólo deben preocupar al personal que labora en los entes bajo la administración de agrupaciones opositoras al régimen, quienes funcionan bajo la constante vigilancia del poder central, lo que reduce a la ley a otro de los tantos instrumentos de acoso político, y muy especialmente porque —asómbrese usted—, para el mecanismo de contratación directa (a dedo), en esencia, la ley sólo exige la firma del Ministro competente de acuerdo con la materia. Pueden así los nobles camaradas respirar tranquilos.

El culto a la personalidad: un mal de muchos

"Lo que hoy las Hormigas son,
Eran los hombres antaño:
De lo propio y de lo extraño
Hacían su provisión.
Júpiter, que tal pasión
Notó de siglos atrás,
No pudiendo aguantar más,
En hormigas los transforma:
Ellos mudaron de forma;
¿Y de costumbres? Jamás".

Félix María Samaniego

El pensar en el culto a la personalidad como cuestión exclusiva de los gobiernos con tendencia autoritaria, no pasa de ser un ingenuo sofisma del que se nos ha hecho partícipes a quienes nos oponemos al régimen de Hugo Chávez Frías en Venezuela. Aunque con sobrado razonamiento se acierte en que el chavecismo reporta el culmen de la enfermiza autopromoción política, —excedido en casos por algunos de sus seguidores—, no hay menor verdad en afirmar que este mal es sufrido por casi la totalidad de la dirigencia política venezolana, con mucha ayuda de quienes atrasadamente le siguen.

En la asunción de que el culto a la personalidad no se agota en el incómodo topamiento con la imagen de algún caudillo dondequiera que se gire la vista, posible es acordar que las manifestaciones de este fenómeno tienen su base en la exaltación falseada de las virtudes de algún individuo con origen en su circunstancia política, al extremo de obviar los logros de las estructuras institucionales para concentrarlos en esta única persona.

Si se examinan las situaciones que sobrevienen a algunos pequeños personajes que entraron al ruedo político por mera casualidad, bien por la ausencia de algún líder auténtico o por la usurpación a la que empieza a acostumbrarnos la voluntad presidencial, se verifica pronto la intervención de algún reptador ejército de aduladores en la preparación del nuevo jefe para la práctica del clientelismo criollo como estrategia primordial de vinculación con sus seguidores. Producto de ello, en razón de pocos días, el novel líder evoluciona de la nada para llegar a ser casi un dios.

El caso de un nuevo conocido describe la situación típica de la cuestión bajo análisis: en el tiempo que ejerció funciones como edil de la ciudad, nunca fue más que ese hombre fastidioso con el que siempre lidian los grupos y que todo mundo procura evitar; no se le contestaba cuando llamaba, nadie le atendía cuando llegaba a algún sitio, y por lo general, todos los comentarios en los que su nombre tomaba parte, guardaban cierta entonación desdeñosa. Pero de la noche a la mañana se ha vuelto alcalde, y así ha sido que pronto, dotado del Complejo del Emperador de la Ciudad Prohibida, el acceso a su persona ha pasado a ser cosa complicada; quienes antes le rehuían, ahora le buscan sin que él les preste la menor atención, y aunque aún gobierna bajo la sombra del partido del ausente, desde que él es la autoridad, en la ciudad se hace lo que él diga, ¡y punto!

Lo preocupante radica en la pronta advertencia de la globalidad del problema, al ver que los subalternos del alcalde se comportan de igual o peor modo: éstos sólo se entienden directamente con aquel, no tienen contacto con terceros y su actuación depende exclusivamente del dictado de su voluntad. Para justificar cada entuerto tienen por frase mágica el “así lo quiere el alcalde”, y para pisotear la Ley les basta el mismo razonamiento. Se les ve llegar con mal semblante a sus puestos de trabajo, sin ver ni hablar a nadie, limitándose a disponer con ánimo despótico todo lo que debe hacerse en nombre del nuevo jefe. Mientras esto sucede, la gente común se fascina con las dádivas y políticas de espectáculo de este mini régimen, ignorando a los que desde dentro sacrifican su condición bajo la orden dada de que el líder crezca por la atribución personalísima de todos los adelantos del municipio.

Dentro de estas particularidades, la deificación del “antiguamente despreciado” mantiene en zozobra a los sobrevivientes de pasadas gestiones, que dominados por el temor de ser removidos de sus cargos de confianza permanecen físicamente muy cerca del líder para que éste no descubra que son dispensables, o lo que fuere peor, descubrir que por debajo suyo hay personas con mayor capacidad para ejercer sus funciones.

Cual reza la fábula que sirve de apertura a esta reflexión, la política venezolana podrá cambiar de actores, pero conservará en el tiempo muchos de los vicios que han tenido manifestación crucial en el desgobierno de Hugo Chávez; una consideración que deberán tomar en cuenta aquellos que preconizan su sustitución por la de cualquier otro. Eso de afirmar que “cualquier otro es mejor que Chávez”, oculta peligrosamente un “cualquiera puede hacerlo peor”.